"Esté hoy en manos de quien esté, (la tierra) se les va a devolver a sus dueños originales", aseguró Santos en Popayán (suroeste), adonde viajó para encabezar el tercero de los llamados Acuerdos para la Prosperidad, centrado en el sector agrícola.
El gobernante, que hace tres semanas sucedió a Álvaro Uribe, consideró que solucionar el problema de la tenencia de la tierra en el país traerá unas consecuencias positivas.
"Eso (la solución) tiene unos efectos en materia de seguridad, en materia ambiental, en materia de producción agrícola, en materia de evitar zonas de confrontación y conflicto", señaló Santos, para apuntar: "por eso le damos tanta importancia".
El mandatario dijo que el problema de la tierra en el país se abordará con un proyecto de ley que dejará en manos del Congreso.
"Queremos tener toda la facilidad, todos los instrumentos para que en la medida de lo posible se les entregue títulos a todos esos campesinos que hoy tienen presencia pero no tienen título", dijo Santos.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que han seguido el problema del desplazamiento forzado en el país calculan que los grupos paramilitares se apoderaron de más de cinco millones de hectáreas de propiedad de la población expulsada.
La devolución de tierras es una de las exigencias legales para los paramilitares que dejaron las armas en virtud de un proceso de diálogo del Gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006.
Sin embargo, los ex paramilitares que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, o de reinserción, sólo han entregado unas 6.600 hectáreas, según lo denunciaron hace diez días varios legisladores que promovieron en la Cámara de Representantes un debate sobre tierras usurpadas.
Los congresistas denunciaron que altos ex cargos gubernamentales, contratistas del Estado o hacendados adquirieron miles de estas hectáreas, mientras que otras están en nombre de testaferros.
Desde 1985, más de cuatro millones de colombianos han abandonado sus tierras acosados por el conflicto armado, según investigaciones de la Iglesia católica y algunas ONG de derechos humanos.
EFE