Miembros de la Guardia Penitenciaria de La Picota se desplazan al centro de servicios administrativos de Paloquemao para recoger a Miguel Ángel Moralesrussi, a quien le recovaron la detención domiciliaria a petición de la Fiscalía.
Dos meses alcanzó a gozar de detención domiciliaria el excontralor distrital, investigado por su presunta participación en el llamado 'carrusel de la contratación'.
Al exfuncionario le fue emitida medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en la cárcel La Picota por parte del juzgado Décimo penal del circuito de Bogotá, que acogió la solicitud de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema.
La solicitud del ente acusador está motivada con base en la protección a la sociedad y asegurar que el exfuncionario comparezca a las diligencias judiciales.
La Fiscalía consideró que debido a la gravedad de los hechos en los que incurrió, el excontrarlor debe permanecer recluido, argumentando además que el juicio en su contra ya empezó. A Moralesrussi se le imputaron los delitos de concusión y prevaricato.
De acuerdo con el juez, no hubo nuevos elementos que permitieran inferir que desapareciera la situación fáctica probatoria y legal que motivará una interpretación diferente.
Entre tanto, la defensa de Moralesrussi aportó el concepto clínico de una sicóloga que refería al estado de salud mental de un menor hijo del exfuncionario afectado porque su padre se encuentra privado de la libertad.
“Esta situación no puede en principio suscitar una situación intolerable de desatención a los fines legales y constitucionales de la medida de aseguramiento”, sostuvo el juzgador.
Concluyó el juez que este caso concreto, correspondía sopesar entre el detrimento de las instituciones distritales y las familias capitalinas de cara a la penosa situación que afecta a la familia del excontralor.