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"Ningún sector escapa a la acción de la Fiscalía"

El fiscal general, Eduardo Montealegre, habló del caso InterBolsa, de la DNE, del carrusel de la contratación de Bogotá y del proceso de paz con las Farc.

"Ningún sector escapa a la acción de la Fiscalía". “El próximo semestre se harán acusaciones de delitos de lesa 
humanidad contra la cúpula de las farc.”
MARÍA JIMENA DUZÁN: ¿Por qué la Fiscalía se ha tardado en abrirles investigación a los exdirectivos de InterBolsa? 

EDUARDO MONTEALEGRE:
No nos hemos demorado. La Fiscalía ya inició investigaciones contra los exdirectivos de InterBolsa y vamos avanzando a pasos agigantados: constituimos un grupo especial de fiscales y de Policía judicial de aproximadamente 50 miembros y la próxima semana llamaremos a 39 personas. Unos serán citadas para interrogatorio y otros para entrevista.  Entre los que están para interrogatorio están Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz, Alessandro Corridori, Jorge Mauricio Infante, Álvaro Tirado Quintero y Carlos Manrique Van Damme.

M.J.D.: ¿Y en qué hipótesis de trabajo se va a sustentar esa citación a interrogatorio de los señores Jaramillo, Ortiz, Maldonado y compañía?

E.M.: A
partir de las diligencias de allanamiento que hemos hecho, tenemos ya unas primeras hipótesis de trabajo que nos permiten establecer una posible defraudación a bienes colectivos, en razón de que hay indicios de que existió manipulación de las acciones de Fabricato y de que se engañó a los inversionistas. A partir de estos interrogatorios inmediatamente la Fiscalía determinará a quiénes y qué delitos se les van a imputar.

M.J.D.: ¿Ycuáles serian esos delitos?

E.M.: Falsedad en documento, fraude procesal y, eventualmente, estafa, abusos de confianza, administración  desleal de bienes de la empresa y consideraríamos un concierto para delinquir.

M.J.D.: ¿Puede usted asegurarle al país que si estos  exdirectivos de InterBolsa cometieron algún delito, lo van a pagar?

E.M.:
Si cometieron algún delito la Fiscalía va a actuar con prontitud y celeridad. Y como le dije, ya estamos consolidando un caso desde el punto de vista penal y ahora estamos en un proceso de verificación de quienes podrían ser eventualmente víctimas, porque obviamente una de las metas de la Fiscalía es impedir que personas que no son víctimas aparezcan ahora en el proceso como si lo fueran.

M.J.D.: ¿Está hablando de Rodrigo Jaramillo y de Juan Carlos Ortiz? …cada uno dice que fue víctima de los malos manejos del otro.

E.M.:
No, no me voy a referir a nadie en particular. Lo que quiero resaltar es que en esto hay que tener cuidado para poder saber quienes son los autores y quienes las víctimas. No va y sea que  vayamos tener ahí un caballo de Troya y personas disfrazadas de víctimas vayan a enmascarar su responsabilidad penal.

M.J.D.: El abogado Jaime Granados le reveló a SEMANA la existencia de un documento entre Corridori, Juan Carlos Ortiz y Tomás y Rodrigo Jaramillo en el que acuerda para estos dos últimos un 30 por ciento de las ganancias por el manejo de las ‘repos’ de Fabricato. Eso probaría un conflicto de intereses. ¿Tiene la Fiscalía conocimiento de ese documento?

E.M.:
 No sé si lo ha aportado ya al proceso. Tenemos esta semana una reunión en mi despacho, solicitada por el doctor Granados, en nombre de las víctimas, en la que me imagino entregará la información que él considere relevante.

M.J.D.: Los exdirectivos de InterBolsa, Rodrigo y Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado han dicho que van a responderles a los inversionistas con su patrimonio. ¿Se lo han manifestado a usted oficialmente?  

E.M.: Oficialmente no lo han dicho aquí en la Fiscalía. Pero le aclaro una cosa: si se llegara a presentar una reparación y esa reparación es significativa, podría traducirse en cierto tipo de rebajas de penas o en cierto tipo de beneficios carcelarios, pero no los eximiría de su responsabilidad penal, en caso de que exista.  

M.J.D.: ¿Y la Fiscalía confía que mientras el proceso avanza ellos se van a quedar en el país?

E.M.:
La Fiscalía va a acudir al mecanismo de la citación para el interrogatorio. Y si nosotros vemos que existe una verdadera voluntad de comparecer al proceso, la Fiscalía no solicitará capturas para efectos de imputación. Pero si la Fiscalía tiene indicios de que puede haber riesgo de fuga o de obstrucción a la Justicia, en esos casos la Fiscalía acudiría a los mecanismos excepcionales de captura y privación de la libertad.  

M.J.D.: Pasemos a otro tema igualmente espinoso: finalmente, después de dos años de que reventó el escándalo de la DNE, se imputaron cargos contra el exdirector del DNE, Carlos Albornoz.   

E.M.:
En este caso, el argumento central es que Albornoz, como director de la DNE, tiene unos deberes de control y de seguimiento que le impone la ley y si estos deberes son omitidos, pues se le pueden imputar los delitos cometidos en su administración. Sobre esa hipótesis de trabajo es que hemos podido establecer que por acción u omisión de parte de ese exdirector de la DNE, eventualmente este podría tener que responder por hechos como el de los bienes administrados por el liquidador Camilo Bula.  

M.J.D.: Sorprendió también la imputación contra Álvaro Dávila, considerado como otro intocable.

E.M.:
En la Fiscalía no hay intocables. Creo que las decisiones que se han venido tomando las últimas semanas muestran que no hay ningún sector de la sociedad colombiana que escape a la acción de la Fiscalía. No hemos ocultado los posibles hechos de lo que se ha llamado la delincuencia de cuello blanco. Por muy alta dignidad que haya ocupado en la estructura del Estado o en las estructuras sociales, si existen responsabilidades vendrá tarde o temprano la Fiscalía. En el caso del abogado Dávila, la Fiscalía intentó infructuosamente, durante varios meses, concertar algún tipo de preacuerdo, pero no se pudo. Por eso tomamos la decisión de formular las imputaciones y solicitar medida de aseguramiento.

M.J.D.: Tengo entendido que la audiencia que estaba prevista para esta semana se aplazó. ¿Vuelve y se repite el caso de Camilo Bula, audiencia que por aplazamientos tampoco se ha dado?

E.M.:
Vamos a pedir como política de la Fiscalía que en los casos que se vean maniobras por parte de los imputados o sus abogados dirigidas a dilatar injustificadamente los procesos, se proceda al cambio de abogado, designando apoderados de la Defensoría del pueblo.

M.J.D.: ¿Y esas dilaciones se dan especialmente en los casos que tienen que ver con delitos de cuello blanco?

E.M.:
Sí, hemos visto con preocupación que existen tácticas dilatorias en grandes casos que tienen que ver con esos delitos: por ejemplo, hay dilaciones injustificadas en el caso del exalcalde Samuel Moreno, en el del Carrusel de la contratación, en la muerte del joven Colmenares. El aplazamiento permanente y sistemático de los casos  se ha convertido en una queja de la sociedad. Con esas dilaciones se juega a la indefinición para buscar la prescripción o la excarcelación de los imputados. Y por eso le vamos a solicitar a los jueces de garantías que tomen las medidas correctivas para evitar este tipo de aplazamientos.  

M.J.D.: ¿Usted está de acuerdo con la reforma al fuero penal militar a pesar de que esta le quita competencias a la Fiscalía?  

E.M.:
Es que por cuenta de las interpretaciones que se estaban haciendo en la Corte Constitucional se había vaciado la competencia de la Justicia penal militar y se llegó a la tesis de que todas las violaciones a los derechos humanos  y todas las graves violaciones al DIH eran de competencia de la Justicia ordinaria. Eso significa que un hecho que puede ser legítimo, mirado desde el punto del derecho internacional humanitario, puede ser una conducta prohibida si se mira en un contexto de los derechos humanos.  Pero le aclaro: Como magistrado siempre fui de la opinión de que la regla general de competencia fuera  la Justicia ordinaria y que la Justicia penal militar fuera excepcional. Y creo que esa es la premisa que se mantiene en la reforma que se acaba de aprobar. 

M.J.D.: Entonces, ¿todas las alarmas que prendieron la ONU, la CIDH y Human Rights Watch de que había huecos negros por los cuales se iban a colar los falsos positivos eran infundadas?

E.M.:
las preocupaciones son legítimas y razonables. Ellos consideran que no se puede dejar un talón de Aquiles en la reforma para que se nos vaya toda la competencia a la justicia penal militar y se convierta esta en un gran agujero negro. Esos temores en gran parte fueron subsanados con las modificaciones incluidas en el parágrafo transitorio y en la Ley estatutaria.

M.J.D.: Usted dijo que prefería a Timochenko entrando al Congreso que echando bala en el monte. ¿Timochenko va a poder ser elegido al Congreso habiendo cometido delitos de lesa humanidad?    

E.D.:
Uno de los procesos que estamos edificando es que vamos a hacer investigaciones que reconstruyan los contextos históricos y con casos priorizados. Eso nos dará luz sobre si las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas. Si en nuestra nueva orientación encontramos que las Farc han cometido violaciones sistemáticas o generalizadas contra la población que puedan ser calificadas como delitos de lesa humanidad, tendremos la firmeza de pedir que esos delitos sean calificados como tal. El hecho de que exista un proceso de paz no implica que la Fiscalía va a dejar de cumplir con sus deberes.

M.J.D.: ¿Está anunciando que próximamente va a haber acusaciones contra la cúpula de las Farc por delitos de lesa humanidad?

E M:
Sí. Anuncio que para el próximo semestre se harán  acusaciones de esa índole contra la cúpula de las Farc. Hasta hoy ninguno de los máximos representantes de las Farc están condenados por delitos de lesa humanidad. Y si alguno de ellos llegara a ser acusado y condenado por esos delitos no podría participar en política porque lo prohíbe la Constitución. Eso no implica que no se pueda suspender la ejecución de la pena, pero por el momento, según la Constitución, tendrán que buscar otro tipo de mecanismos de participación distintos a la elección popular.
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