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16 marzo 2013

¿Hay cartel del azúcar en el país?

SEMANA revela cómo los ingenios y Asocaña acordaban restringir las importaciones y mantener precios altos.

¿Hay cartel del azúcar en el país?. Doce de los 13 ingenios azucareros del país están agrupados en Asocaña, entidad que los representa ante las entidades gubernamentales.
En economía se llama cartel a los acuerdos que hacen las empresas del mismo sector con el propósito de eliminar la competencia, repartirse el mercado y hacer subir los precios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a la que Colombia aspira a ingresar, afirma que los carteles son la peor violación a los derechos de los consumidores y considera que tienen nefastas repercusiones sobre la economía.

Hay países que imponen penas ejemplarizantes para castigar esta práctica. Algunos contemplan elevadas multas que van hasta el 190 por ciento de la ganancia que se obtuvo gracias al cartel. En 2008, por ejemplo, Alemania impuso la mayor multa –por 1.284 millones de euros– al llamado cartel del vidrio y ventanas para carros. En otros países las sanciones son mucho más severas. En Estados Unidos pertenecer a un cartel se castiga con penas de cárcel, que pueden ir hasta los diez años. Canadá, Irlanda y Gran Bretaña también llevan tras las rejas a los responsables. 

Por supuesto, este fenómeno no ha sido ajeno a Colombia. El año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal por la aparente ocurrencia de un cartel entre los ingenios azucareros (con el apoyo de Asocaña), para disminuir la rivalidad entre ellos, y bloquear la entrada de azúcar proveniente de productores extranjeros, para así aumentar el precio en Colombia. 

Aunque el caso no ha sonado mucho en los medios de comunicación, lo cierto es que este podría convertirse en uno de los procesos más emblemáticos en materia de competencias y de protección al consumidor en la historia del país. El tema es de marca mayor. Primero, porque los implicados pertenecen a un poderoso sector económico: los ingenios azucareros de propiedad de prestantes y adineradas familias vallecaucanas y a la Organización Ardila Lülle –uno de los más importantes grupos empresariales del país–. 

En segundo lugar, porque en caso de que la SIC encuentre que los ingenios cometieron una práctica comercial restrictiva –en la forma de un cartel– dicha entidad podrá imponer sanciones, a cada investigado, de hasta 60.000 millones de pesos (33 millones de dólares), o si el beneficio obtenido por el infractor fuese mayor a esta suma, una multa de hasta el 150 por ciento de la utilidad obtenida en virtud de la conducta ilegal. Es decir, esta podría convertirse en la mayor multa en Colombia.

Las pruebas que ya recolectó la Superintendencia en visitas de inspección sorpresa a las instalaciones de los ingenios y de Asocaña (el gremio que los representa) son escandalosas. Están contenidas en la Resolución número 5347 de febrero de 2012 e incluyen correos electrónicos, documentos y actas en las cuales se evidencia una estrategia concertada de los ingenios para aumentar artificiosamente el precio del azúcar en Colombia. Así mismo, hay pruebas de un intercambio de información sensible entre los ingenios, y a través de Asocaña, que habría permitido a todos los competidores del mercado del azúcar incrementar el precio del producto localmente, afectando los consumidores. 

Expertos en temas de mercado y competencias afirman que si bien todo cartel es reprochable, este es particularmente grave, pues el azúcar no es solamente un insumo utilizado en muchísimos productos alimentarios, bebidas y panadería, por los pequeños, medianos y grandes industriales, sino que es, además, un bien básico para la población más vulnerable. Es decir, esto no es solo un problema de los grandes industriales, sino de los consumidores, pues es un producto importante en la canasta familiar. Se estima que el 70 por ciento del azúcar lo compran los hogares. 

Dados los poderosos intereses y los callos que se pueden pisar en este caso, nadie quiere hablar del asunto públicamente. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, no piensa pronunciarse en ningún sentido porque será juez al final del proceso y cualquier opinión podría afectar su independencia para fallar. Los industriales que se han visto perjudicados y pusieron la queja ante la SIC no quieren dar declaraciones públicas, pero en privado reconocen que los ingenios han manejado a su amaño por mucho tiempo el mercado del azúcar. SEMANA pudo hablar con varios de ellos –que pidieron mantener sus opiniones en anonimato– y afirmaron que el caso es escandaloso y que así se lo han hecho saber al gobierno en el más alto nivel.

En la investigación están involucradas los siguientes: Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar, Asocaña; los ingenios Riopaila Castilla, del Cauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez, La Cabaña, Pichichí, Risaralda, Carlos Sarmiento L. & Cía. Ingenio San Carlos, Carmelita, Central Tumaco, María Luisa; Ciamsa (Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles) y Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales).

El caso se encuentra en etapa de investigación avanzada y los implicados ya dieron sus explicaciones. Se espera que una vez la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC termine de practicar pruebas adicionales a las ya encontradas, el expediente pase a manos del superintendente Robledo para su decisión final, es decir, para analizar si sanciona o exonera a los investigados. Esto sería este mismo año.

El comienzo de la historia

El origen del proceso que hoy tiene a los ingenios azucareros defendiéndose de ser un cartel comenzó hace tres años, cuando un grupo de pequeños fabricantes de bocadillo veleño de la provincia de Vélez (Santander) se quejaron antes las autoridades por el exagerado incremento en los precios del azúcar. Para ese entonces, mayo de 2010, el bulto de este producto había aumentado en cinco meses en un 45 por ciento. El alza –considerada inusual– casi lleva a la quiebra a los productores de bocadillo de guayaba, el cual tiene como materia prima principal al azúcar en un 60 por ciento.

A las quejas de estos pequeños productores se sumaron las de grandes empresas como Coca-Cola Femsa, Bavaria, Aje Colombia, Nestlé, Bimbo, Casa Luker, Nacional de Chocolates, Noel y Meals (estas tres últimas del Grupo Nutresa). Los industriales solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar el comportamiento del mercado de azúcar en Colombia, para establecer si se estaba actuando como cartel para subir los precios. 

Alegaron, entre otras cosas, que mientras la inflación en Colombia aumentó entre septiembre de 2008 y enero de 2010 en un 3,7 por ciento, el precio del azúcar subió un 51,4 por ciento. Además, consideraron absurdo que en 2010 el precio internacional hubiera bajado casi un 50 por ciento y el interno aumentado en un 16 por ciento. En otras palabras, estaban comprando azúcar a un precio cinco veces más alto que la cotización en Nueva York y 1,8 veces por encima del precio de Londres.

Con base en estas denuncias la Superintendencia comenzó a investigar dos presunta conductas anticompetitivas: acuerdo entre los ingenios para impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización; y acuerdo –con la ayuda de Asocaña y en el marco del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa)– para asignar cuotas de producción o suministro de azúcar en Colombia. 

Respecto a la primera conducta, la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC tiene pruebas de que los ingenios estarían obstruyendo ilegalmente las importaciones de azúcar al país, en especial las provenientes de Bolivia, con el objetivo de incrementar los precios en Colombia, todo a través de Asocaña, Dicsa (sociedad de los ingenios para desarrollos industriales y comerciales) y Ciamsa (comercializadora cuyos accionistas son los ingenios).

Hay correos electrónicos que prueban que a través de Dicsa y de Ciamsa (las organizaciones conformadas por los ingenios) se estaría coordinando una estrategia para evitar que los compradores colombianos tuvieran acceso al azúcar de Bolivia a precios más económicos. Una de las pruebas es un correo enviado el 26 de diciembre de 2008 por Luis Augusto Jaramillo (representante legal de Dicsa) a Angélica Ospina (gerente comercial de Ciamsa) y a Carlos Mira (representante legal de Ciamsa), donde manifiesta que los compradores de azúcar colombianos –los mayoristas– están desesperados buscando azúcar por todas partes. 

“Si nosotros no tomamos decisión rápido sobre este azúcar, los bolivianos pueden sentirse en la libertad de vendérsela a ellos y nosotros tenemos la orden de la Junta de comprar lo que sobre en Bolivia y cerrarle la puerta a los importadores. Los mayoristas pueden traer de Brasil, pero les sale más costosa y esos 6.000 pesos de diferencia es lo que queremos ganarnos en el mercado interno”. (Ver correo más abajo).

Un experto que ha estudiado el caso afirma que el negocio o la intención de los ingenios sería comprar toda el azúcar que los bolivianos fueran a vender en Colombia, y después revenderla en el mercado internacional, evitando así que entrara finalmente al mercado nacional. Si bien los ingenios perderían dinero al comprar el azúcar de Bolivia para posteriormente sacarla al mercado internacional, esto sería más rentable que permitir su entrada al mercado colombiano, una cuestión que deprimiría los precios. 

La hipótesis que se desprende de lo anterior es que al evitar la entrada del azúcar boliviano a Colombia, los ingenios podrían incrementar el precio en el mercado local, a tal punto que no solo compensarían la pérdida por comprar azúcar boliviano y sacarlo al mercado internacional, sino también tendrían una ganancia adicional. 

En otro correo enviado por Luis Augusto Jaramillo a Carlos Mira el 10 de marzo de 2009, queda claro cómo la industria azucarera necesita y está dispuesta a impedir que entre azúcar de Bolivia al mercado colombiano, con el objetivo de mantener los precios altos en el mercado local. 

Existe también un correo enviado por el señor Jaramillo, en el que se adjunta un proyecto de contrato, que contiene una cláusula en la cual los bolivianos se obligarían a no vender azúcar en Colombia
Otra prueba que encontraron los investigadores es aún más escandalosa. Para evitar que entrara azúcar desde Bolivia, plantean la opción de buscar –sin ninguna justificación– que el gobierno no permitiera la entrada del producto por Buenaventura sino solo en un puerto de la costa atlántica, lo que por supuesto incrementaría los precios de azúcar provenientes del extranjero. “(…) deberíamos buscar que nos cambien a Buenaventura como único puerto de entrada de azúcar a Colombia por uno de los puertos de la Costa, para hacer mas difícil y mas costoso la importación de azúcar boliviano”.

La estrategia de la industria azucarera se extiende, como mínimo, hasta 2011, donde se desplegaron mecanismos para evitar que los industriales colombianos importaran azúcar de Costa Rica. En efecto, Asocaña estaría impidiendo la importación de azúcar para uso industrial, a través de diferentes estrategias. 

Así, se muestra en un correo encontrado en el que la señora Karen Rodríguez, empleada del Ingenio Ramón Copecañera de Costa Rica, le dirige a Juan José Arango, negociador de materias primas del Grupo Nutresa, el 6 de mayo de 2011. En este se afirma que el director ejecutivo de la Liga Agrícola Industrial de la Caña (Laica) en Costa Rica, estaba solicitando a Colombia la autorización para exportar un contenedor de azúcar requerido por Nutresa. “Ayer recibió respuesta por parte de Don Luis Fernando Londoño de Asocaña, dice que en Colombia tienen todos los azucares incluido Fairtrade. Creemos que esto no es cierto sin embargo, la opción es que ustedes se comuniquen con este señor Londoño y le hagan la consulta o le pidan la autorización para realizar el embarque (…).”

A los industriales colombianos les llamó la atención que se necesitara autorización de Asocaña para hacer efectiva la operación, y que dicha entidad estuviese limitando las importaciones de azúcar al país. Es tan evidente el control de Asocaña sobre las importaciones que, en uno de los mensajes, el vendedor de azúcar de Costa Rica afirma que sin la autorización de esta no se arriesgará a enviar su producto a Colombia.

Un conocedor de temas de competencias consultado por SEMANA afirmó que estos mensajes serían una prueba muy grave, pues estaría mostrando la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre los ingenios azucareros para bloquear la entrada de competidores, y así aumentar el precio en Colombia, “lo cual les implicaría una ganancia sustancial de dinero a estas empresas, pero una correlativa afectación al consumidor colombiano”. 

El presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño, ha desestimado las acusaciones. Le dijo a SEMANA que “en Colombia cualquier persona natural o jurídica puede importar azúcar libremente sin restricciones”. De hecho, este año se ha quejado del fuerte incremento que tuvieron las importaciones durante 2012, cuando subieron en un 85 por ciento. Londoño dijo que la revaluación los está afectando y pidió incluso cláusula de salvaguardia para frenar las importaciones.  Afirma que están los certificados de la Cancillería de Costa Rica donde consta que no han bloqueado las importaciones de azúcar. “Jamás hemos ejercido presión alguna, ni hemos vetado la traída de azúcar. Las pruebas están en el expediente”.

Hagámonos pasito

Ahora bien, la segunda conducta por la cual se abrió la investigación por parte de la SIC se basa en un supuesto acuerdo para no competir entre los ingenios, y repartirse las cuotas de venta de azúcar en el mercado colombiano. De acuerdo con esto, cada ingenio mantendría su participación de mercado sin que su competidor le quite cuota de mercado.

En este aspecto, la SIC –según la Resolución 5347 de 2012– tiene pruebas de que las participaciones en el mercado de casi todos los ingenios investigados se han mantenido prácticamente constante entre 2006 y 2010, un hecho que los estudiosos del mercado consideran inusual. Más importante aún, la delegada para la Protección de la Competencia de la SIC cree que, a través de Asocaña y utilizando el mecanismo del fondo de estabilización de precios del azúcar Fepa, los ingenios estarían intercambiando información confidencial que les permitiría prever los precios y niveles de comercialización de azúcar futura de sus competidores.

Las pruebas recogidas también indican que a través de Asocaña se compartía información relacionada con los niveles exactos de ventas por ingenio y la distribución de ventas entre el mercado interno y el externo, una información que es considerada de carácter privado a nivel empresarial y, por consiguiente, sensible entre competidores. 

Los expertos afirman que las políticas comerciales y de venta se deben tomar en forma independiente por cada participante y no se comparten, ya que esto permite precisamente hacer lo que en el argot del sector se conoce como carteles de mentes (fijar precios altos conjuntamente sin necesidad de tener un acuerdo expreso). O incluso administrar un cartel expreso, sabiendo si algún competidor superó su cuota de venta (vendió más de lo acordado). 

Para las fuentes consultadas por SEMANA, el hecho de que cada mes los ingenios tuvieran información sensible y desagregada de todos sus competidores estaría facilitando el mantenimiento de precios altos y cuotas de participación estables, un típico ejemplo de cómo ejecutar una conducta anticompetitiva. 

El presidente de Asocaña se defiende afirmando que el Ministerio de Agricultura emitió un concepto sobre el manejo del Fondo de Estabilización del Azúcar (que administra Asocaña) en el que dice que no hay cruce indebido de información entre los ingenios.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, confirmó que a petición de la SIC emitieron un concepto técnico en el que señalan que la información que se maneja al interior del Fondo es técnica y con el propósito de adelantar las funciones propias de la entidad no un artífice para subir precios. Hay que recordar que el comité directivo del Fondo es presidido por el Ministerio de Agricultura.

En conclusión, con todos los argumentos el superintendente Robledo tiene una auténtica papa caliente en sus manos. Hay analistas que creen que no habrá grandes sanciones, dado el poder que tienen los azucareros en la economía y la política. Otros, por el contrario, afirman que la SIC ha mostrado independencia y dientes para tomar decisiones difíciles como en el caso de las telecomunicaciones. 

Ahora bien, en el tema del azúcar no hay que olvidar que hay dos bandos pesados enfrentados: en una esquina los ingenios y en la otra poderosas empresas nacionales e internacionales perjudicadas que esperan una sanción ejemplarizante. En todo caso, por ahora, este asunto promete ser uno de los pleitos más duros que tendrá que resolver funcionario alguno. 

El Bloqueo

Con este fragmento se muestra que los investigados  estarían ideando una estrategia para restringir importaciones de azúcar de origen boliviano. El correo lo envía  Luis A. Jaramillo de Dicsa (sociedad de los ingenios)  a  la comercializadora Ciamsa.


Buscando ganancia

Según este correo, respuesta del anterior, se denota la intención de limitar las importaciones solo al producto de  Brasil desde donde es más caro importar por el arancel.


Con el control 

El ingenio costarricense con el que Nutresa  negoció azúcar especial expresó que necesitaba la autorización de Asocaña para vender azúcar en Colombia. Este mensaje lo envía el Ingenio Ramón Coopecañera de Costa Rica   a Juan J. Arango negociador de materias primas de Nutresa.  La respuesta fue la siguiente.


Cambio de puerto
Este correo de Luis Augusto Jaramillo de Dicsa,  una de las empresas de los ingenios, muestra que se buscan estrategias para impactar el precio interno. Entre ellas la posibilidad de cambiar de puerto.  Este mensaje es un aparte del llamado borrador del informe de visita a Bolivia. Lo recibe Carlos Mira representante de Ciamsa.


Presiones

Según la apertura de la investigación, con este correo  que  envía  Luis A. Jaramillo de  Dicsa  a l representante de Ciamsa se estarían  utilizando mecanismos de coerción sobre los ingenios bolivianos para restringir la venta  de azúcar de ese país en Colombia.
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